España cierra sus puertas a los perseguidos políticos. En el 2002, el gobierno sólo dio asilo al 3% del total de solicitantes mientras que en la UE lo consiguen alrededor del 10%. Ante esta situación, muchos se ven obligados a huir a otro país por temor a ser repatriados. Volver a su país de origen puede suponer la prisión o la muerte.

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